Desde la publicación de Páginas ocultas Nº 1 intento contribuir a poner verdad en la memoria popular acerca de la relación falsa entre la oligarquía argentina y las leyes e instituciones constitucionales. Comencé por las Presidencias de facto de Bartolomé Mitre y la Gobernación de facto de Domingo F. Sarmiento en San Juan. Veamos 95 años después qué ocurría en nuestro país.
Motivos
La reforma constitucional argentina de 1949 incorporó a la ley máxima de la República los derechos de segunda generación (laborales y sociales), la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y el vicepresidente y la posibilidad de su reelección. En junio de 1951 Juan Domingo Perón fue reelecto presidente de la Nación con el 63,51% de los votos.
Masacres
La oligarquía argentina, junto a sus socios imperiales y la Jerarquía católica, imposibilitados para obtener mayoría electoral alguna, comenzaron una campaña de desprestigio y derribo que culminó en junio de 1955 con la Marina de guerra bombardeando la Plaza de Mayo bajo las órdenes de Isaac Rojas, y tres meses después bombardeando Mar del Plata a las órdenes del mismo conspirador. El 90 % de las víctimas fueron civiles y entre ellxs gran cantidad de niñxs en edad escolar. Semejante acción criminal contra el pueblo, los bienes públicos y la Constitución se realizó bajo el lema “Cristo Vence”. Semejante acción criminal nunca tuvo castigo en la figura de su “comandante” que no sólo fue ascendido a Almirante en 1958 sino que pudo vivir libre y cobrando su jubilación hasta su muerte en 1993. No hubo para sus masacres y delitos Corte Suprema alguna, pese a que numerosas investigaciones judiciales buscaban promover su enjuiciamiento. Quedó asentada entonces una nueva jurisprudencia que permite a ciudadanos hacerse con bienes del Estado para masacrar al pueblo en nombre de Cristo siempre y cuando sea para favorecer a monopolios extranjeros y locales y quitar derechos −cuando no la libertad o la vida− como lo demostró la gestión de la ridículamente denominada “Revolución Libertadora” y su posterior impunidad.
Asesinatos
Pocos meses después – ya derrocado el presidente Perón y debiendo buscar destino para su exilio forzoso- un grupo cívico-militar intentó un levantamiento contra la dictadura de Aramburu/Rojas. La conducción estaba a cargo del General Juan José Valle y seguía los preceptos de la ley máxima que obliga a lxs ciudadanos a armarse para defender la constitución. El día: 9 de junio de 1956.
El levantamiento fue controlado esa misma noche y la dictadura dispuso el fusilamiento del propio general Valle y 15 militares sublevados y también el asesinato clandestino de 18 civiles, en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez. Estas ejecuciones permanecieron ocultas hasta su descubrimiento al año siguiente por parte del periodista Rodolfo Walsh, quien publicó su investigación en la novela Operación Masacre con testimonios de sobrevivientes.
Quienes habían bombardeado Buenos Aires y Mar del Plata y derrocado al presidente elegido por abrumadora mayoría intentaban, torpe y tardíamente, generar una aparente legalidad. Digo torpe y tardía porque Aramburu justificó los asesinatos por la vigencia de la Ley Marcial, que decretó al día siguiente de los fusilamientos. O sea que debería haberles correspondido fusilarse a sí mismos –Aramburu y Rojas– ya que el establecimiento de la Ley Marcial solo está justificado en casos de guerra o rebelión; y si la aplicaron retrospectivamente para eliminar a 33 opositores deberían haberla aplicado para los ejecutores del Golpe de Estado. No hay Ley para la derecha. No hay Ley para la oligarquía. Solo gritos, órdenes, mentiras y crímenes, siempre en nombre de la Libertad, la Igualdad y la Democracia.
Digo torpe también ya que en las ejecuciones quedaron sobrevivientes –muy malheridos claro– Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Giunta, Juan Carlos Livraga y Julio Troxler, algunos de los cuales pudieron testimoniar los crímenes.
Durante el “gobierno” de esta brigada criminal disimulada bajo el nombre de Revolución Libertadora, ocuparon ministerios y secretarías muchos civiles al servicio de la oligarquía, como Laureano Landaburu, Carlos Alconada Aramburú, Ángel H. Cabral, Luis Podestá Costa, Alfonso de Laferrère, Adalberto Krieger Vasena, Álvaro Alsogaray, Horacio Aguirre Legarreta y Eduardo Mc Loughlin. Ninguno de ellos fue procesado ni, por tanto, condenado como la Constitución ordena.
Oligarquía, Poder Judicial y Prensa
Ya citamos entonces a los ideólogos de las masacres, posterior Golpe de Estado y ejecuciones sin juicio y sin ley, y también al Poder Judicial cómplice en esas circunstancias y en las décadas siguientes. Falta poner en claro cómo se pudo sostener dos años –y condicionar la política de las décadas posteriores– una dictadura, contra la enorme mayoría que había votado a Perón.
En esta otra batalla, la cultural, entraron a jugar los intelectuales y periodistas al servicio de la oligarquía, que ayudaron a la “libertadora” en su afán de desperonizar al país. Generaron un espécimen literario denominado Libro negro de la segunda Tiranía que fue ¡promulgado a través de un Decreto! a saber: Decreto Ley 14988/56.
Aramburu Intervino la denominada “Cadena” que estaba integrada por los diarios La Razón, Democracia, El laborista, La Época, Crítica y Noticias y les nombró Directores de Facto, antiperonistas todos. A La Nación y La Prensa no hizo falta intervenirlos porque eran parte del Golpe. Seguramente estas intervenciones deben haber sido justificadas en nombre de la Libertad de Prensa.
De este modo, prohibiendo la cita, escritura y edición de palabras como Perón, peronismo, laboristas y Evita, intentaron modificar la cultura política argentina. El Libro negro alimentó a la prensa de derecha. El Libro negro denomina al período 1946/1955 como Dictadura. Perón es en algunas citas el Tirano, en otras el Dictador y en otras el inmoral. Todo el tiempo insiste hasta el hartazgo en que la causa de la Revolución Libertadora era restituir la Libertad, la Igualdad y la Democracia. Vale la pena leerlo para encontrar el antecedente más concreto y evidente de lo que hoy hacen buena parte de lxs periodistas y dirigentes políticos. Elisa Carrió llamaba régimen al Gobierno de Cristina (54% de los votos) del mismo modo que la Libertadora llamaba Dictadura al gobierno democrático más votado.
El Libro negro se puede descargar gratis de internet. Aún existe.
Las víctimas de los bombardeos criminales ordenados por Rojas y los enviados de Cristo no solo no existen sino que sus familiares y amigxs no obtuvieron justicia.
Juan José Valle y los demás asesinados por orden del conspirador criminal Pedro Eugenio Aramburu jamás obtuvieron, al menos, el juicio a sus asesinos.
Todo parecido con la actualidad no es mera coincidencia.
Ilustración de portada: gentileza de Martín Malamud
